Con 43.956, España es el país del mundo con mayor número de profesionales infectados por COVID-19. Una cifra que representa el 20% del total de infecciones de la población española y que se sigue disparando cada día mientras el resto de los parámetros mejoran.

Este hecho lleva meses provocando la indignación de todos los representantes de las profesiones sanitarias. En la última rueda de prensa, celebrada ayer, los medios de comunicación le pidieron a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, una valoración de estas cifras y este, por segunda vez consecutiva, restó importancia al dato asegurando que los datos de profesionales infectados "nos indican que pese a haber estado afectados, la gran mayoría están reincorporados y sabemos también que su enfermedad ha sido menos grave que el de la población general". A estas declaraciones hay que sumar las afirmaciones que realizó al principio de la pandemia, cuando llegó a asegurar, sin evidencia científica alguna, que la mayoría de los profesionales infectados habían sufrido dicha infección en su vida social y no en su asistencia sanitaria, una aseveración gravísima e injusta que ya provocó su correspondiente contestación desde el Consejo General de Enfermería.

 

50 profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19

Para Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE), “quienes están luchando de verdad contra la pandemia no se merecen este tipo de valoraciones que además son impropias de un científico y un profesional que está al frente de la gestión de la pandemia”. ¿De verdad es necesario recordarle a quien está al mando de la gestión de esta emergencia sanitaria el número total de enfermeras, médicos, farmacéuticos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, etc. que han fallecido a causa del COVID-19? ¿O la ingente cantidad de profesionales que sí han superado la enfermedad, pero sufriendo sus consecuencias más graves y teniendo incluso que estar ingresados y pasar por la UCI?”, se pregunta el presidente de las 307.000 enfermeras y enfermeros que hay en España.

“Son ya 50 los profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19. Pedimos a Fernando Simón, y a quienes están al frente de esta crisis sanitaria, al menos, el mismo respeto, solidaridad y sensibilidad con los profesionales que el que demuestran cada día los ciudadanos en sus ventanas. Ellos deberían ser los primeros en dar ánimos, felicitarnos y agradecer nuestro trabajo en un momento en el que estamos anteponiendo nuestra propia vida por salvar a los enfermos, algo que se pide a muy pocos colectivos”, ha requerido el presidente del CGE.

 

Los profesionales sanitarios siguen sin material de seguridad suficiente

Pérez Raya ha recordado que “mientras Fernando Simón comparece públicamente para decir este tipo de desaciertos, cientos de miles de enfermeras, médicos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores, limpiadoras, etc. se están jugando la vida para poder salvar a los pacientes con COVID-19, obligados a prestar asistencia sin el material de seguridad suficiente e imprescindible para protegerse de la pandemia: sin mascarillas adecuadas, trajes EPI, guantes, gafas, protecciones anti salpicaduras, etc., porque el material sigue sin llegar a los centros en las cantidades necesarias. Siguen teniendo que usar bolsas de basura o reutilizar mascarillas y EPIs de forma repetida pese a ir contra todas las recomendaciones de seguridad y en contra de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales. Y al final de cada jornada, regresan a casa y exponen a sus familiares”.

El presidente del Consejo General de Enfermería ha exigido a Fernando Simón “respeto y seriedad con todos los profesionales sanitarios porque son ellos y no usted los que se están jugando la vida para vencer esta pandemia que tiene paralizado al mundo”. Asimismo, ha recordado que el Consejo General de Enfermería ha presentado una querella, a la que se han sumado ya varios Colegios Provinciales de Enfermería, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, entre ellos, Fernando Simón, por un delito contra la seguridad de los trabajadores ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con COVID-19, el suministro de mascarillas defectuosas y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos. “Espero de corazón que la Justicia depure las gravísimas responsabilidades derivadas de todo el sufrimiento gratuito que se está haciendo pasar a los profesionales sanitarios”, ha aseverado Pérez Raya.