A propósito del Consentimiento Informado

En los últimos 30 años la teoría del Consentimiento Informado se ha ido incorporando de forma creciente a nuestras organizaciones sanitarias y los profesionales sanitarios no podemos permitirnos el lujo de vivir de espaldas a sus requerimientos. Y no precisamente por las consecuencias legales, sino porque es un elemento que permite valorar la calidad de la asistencia prestada. El modelo de Consentimiento Informado reclama una nueva forma de entender la relación médico-paciente lejos del paternalismo de antaño y fundamentada en principios éticos. En este sentido, es indudable que muchas cosas han cambiado en nuestro país en estos años, y lo han hecho para bien, pero quizás no lo han hecho todo lo que podían y debían. ¿Hemos asumido el cambio de mentalidad que lleva implícita la idea del consentimiento? ¿Estamos seguros de que se le ofrece al paciente en las mejores condiciones? ¿Se ha convertido el CI en una herramienta defensiva que protege a los profesionales de las reclamaciones de pacientes exigentes? O tal vez deberíamos preguntarnos ¿cuántos sanitarios se preocupan de implicarse en mantener el intercambio oral de información cuando el formulario de consentimiento ya ha sido firmado?


Para empezar, el Consentimiento Informado no es un acto aislado. No se trata del momento en el que el paciente firma un documento escrito, sino un proceso inmerso en la relación de confianza que se establece entre el profesional y el paciente. Tampoco es un documento que exonera a la institución y a su personal de responsabilidades cuando el paciente se niega a aceptar las indicaciones médicas. Muy al contrario, el Consentimiento Informado constituye un proceso transparente basado en el mutuo respeto, colaboración y esfuerzo compartido, orientado a la protección de los derechos del paciente durante el proceso de atención de su salud. Se trata pues de un proceso de información verbal, que se inicia desde el mismo momento en que el profesional entra en contacto con el enfermo y no termina hasta el instante en que se le da el alta definitiva, y solamente en los supuestos previstos por la ley se apoya en formularios escritos. No es, por tanto, algo que acabe con la firma del paciente. El formulario escrito no es sino una más de las herramientas que el profesional puede utilizar para proporcionar información a los pacientes y registrar su consentimiento, pero ni siquiera es de las más importantes porque, como señala la Ley 41/2002 básica de autonomía de los pacientes, su uso está limitado a determinadas intervenciones .


En segundo lugar, el Consentimiento Informado sólo es aceptable si la decisión del paciente es tomada de forma autónoma y libre de presiones o manipulaciones externas. Profesionales y familiares pueden usar procedimientos coactivos muy sutiles para obligar a un enfermo a aceptar una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Cuántas veces se observa en la práctica clínica la amenaza velada o expresa de repercusiones negativas si el paciente no acepta el procedimiento clínico propuesto. O bien se intenta sesgar la información enfatizando las consecuencias y el pronóstico negativo para que el paciente no acepte las condiciones propuestas. Todas estas conductas, el sesgo en la información, las amenazas del tipo “pida el alta voluntaria”, “cambie de médico” y otras frases por el estilo, no son sino formas de manipulación que nos remiten al paternalismo de antaño.


También la información que se le brinda al paciente debe ser suficiente y ajustada a su nivel intelectual, educacional y cultural. Un Consentimiento Informado sólo será válido si el lenguaje es comprensible, y de no comprender el español, con un intérprete que traduzca los términos a su propia lengua. Es cierto que muchos pacientes se conforman con poca información y adoptan roles pasivos en el proceso de toma de decisiones, pero los profesionales no deben presuponer por ello que si un paciente no demanda información es porque no la desea. La oferta explícita de información y la reiterada invitación a participar en el proceso de toma de decisiones son obligaciones éticas y jurídicas de los profesionales. Así lo establece el artículo 5.c de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.


Y, después de la información y de haber dado muestras de haber comprendido, el paciente debe optar por la decisión que, a su entender, le resulte más favorable. Y esta decisión autónoma -que la persona toma de forma libre, informada y capaz- debe ser respetada, ya sea de aceptación o rechazo de cualquier intervención diagnóstica o terapéutica, ya sea porque el paciente solicite una revocación de un consentimiento previo, y aún en el caso de que el paciente no esté escogiendo la mejor alternativa.


Es una realidad que los ciudadanos cada día son más conscientes de sus derechos y quieren participar y decidir sobre su salud. Desean que los profesionales se impliquen con ellos en ese proceso porque necesitan que les ayuden con su punto de vista técnico y humano. No quieren ni el puro paternalismo de antaño, ni la frialdad burocrática, ni la información descarnada sin acogida personal, ni posiblemente tampoco quieren que los profesionales sean sus amigos. Quieren más bien compañeros de viaje, consejeros que les ayuden a interpretar sus propios deseos, sus necesidades y valores, y que les ayuden a decidir libre e informadamente. Así pues, el papel clave del profesional sanitario del futuro no será el de procurar información científica- que Internet ya ofrece- sino el de dar consejo y apoyo en el proceso de toma de decisiones clínicas.

 

Rosa María García Carmona

Enfermera experta en Bioética

Vocal CEA-Granada-Metropolitano

 

[1] "El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”.

[1] “Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones”.