Los colegios andaluces de Enfermería respaldan las actuaciones para frenar la mal llamada “farmacia comunitaria”

El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha mostrado su adhesión unánime a las actuaciones que se están llevando a cabo en toda España para frenar la mal llamada “farmacia comunitaria” y ha considerado necesario realizar un profundo análisis sobre la citada cuestión en la comunidad andaluza. Así, el estudio ha sido llevado a cabo por el Grupo Análisis e Investigación, con un importante muestreo en cada una de las ocho provincias andaluzas. Con tal motivo, el Consejo ha trasladado a la opinión pública los resultados obtenidos, que reflejan que en Andalucía de las personas encuestadas -mayores de 55 años en tratamiento por enfermedad crónica, usuarios de la sanidad pública y cuidadores de enfermos crónicos- un 87,2 por ciento cree que el control del tratamiento sólo debe estar en manos de médicos y enfermeros, que son los que conocen de forma integral las enfermedades y sus pacientes, así como quienes tienen acceso a su historia clínica. Los resultados de este informe a nivel andaluz son concluyentes y revelan que los pacientes quieren que sean médicos y enfermeros quienes les atiendan en sus casas.

A pesar de que los responsables del Sistema Sanitario de Andalucía se han opuesto frontalmente a la estrategia puesta en marcha desde la Organización Colegial de Farmacéuticos y algunas sociedades afines, debido principalmente a que la consideran una privatización encubierta, el CAE se ve en la obligación de llamar la atención sobre los riesgos para la población y los pacientes de la citada “farmacia comunitaria”. Este movimiento pretende atribuir a las oficinas de farmacia actuaciones puramente asistenciales que corresponden a enfermeras y médicos de Atención Primaria, que son los garantes de la continuidad asistencial y adecuación de los tratamientos. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo Andaluz de Enfermería, resalta que “debemos tener claro que estamos ante un asalto a las funciones y cometidos de la Enfermería y, en caso de que la “farmacia comunitaria” llegase a materializarse, se hipotecarían estas funciones y se comprometería el desarrollo profesional, derivando en la pérdida de muchos puestos de trabajo de enfermería, además de conducir a una privatización sin precedentes de nuestro Sistema Nacional de Salud. En el supuesto de la implantación de este modelo de farmacia y dado el aumento de la cronicidad de los pacientes por el incremento de su esperanza de vida, la atención domiciliaria de los mismos quedaría en manos de farmacéuticos de manera cuasi exclusiva, mientras que la enfermera familiar y comunitaria tendería a desaparecer”.

Ante esta situación, la totalidad de los presidentes de los Colegios de Enfermería andaluces, entre ellos Jacinto Escobar como máximo representante del Colegio de Enfermería de Granada, han reflejado su absoluta preocupación con el creciente intrusismo profesional que conlleva el que los farmacéuticos pretendan realizar funciones asistenciales. Al objeto de reconducir esta situación, Florentino Pérez Raya, que mantiene un diálogo abierto con el Consejo General de Farmacéuticos con el fin de procurar una solución consensuada a este conflicto, destaca que trabajará siempre “priorizando y garantizando los derechos de los pacientes y también los de los enfermeros”. Además, aclara que estas actuaciones no van en contra de los farmacéuticos, sino contra la mal llamada “farmacia comunitaria”. “Los farmacéuticos son una profesión hermana y realizan una labor fundamental en la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia facilitando desde allí a los pacientes información y educación en el uso correcto de fármacos y en la prevención de efectos adversos farmacológicos”. Sin embargo, el presidente de los enfermeros subraya que los farmacéuticos “ya disponen de un espacio comercial -que sólo pueden abrir ellos- en el que además de vender medicamentos pretenden constituirse en centro de atención primaria de salud, por ejemplo”. “El paciente reconoce y sabe que la atención sanitaria comienza en el Centro de Salud u Hospital con el médico y la enfermera, nunca en la Oficina de Farmacia”, añade Pérez Raya.

La implantación de la mal llamada “farmacia comunitaria” supondría además un coste añadido para las arcas de la sanidad pública y, en definitiva, para los bolsillos de los ciudadanos, además de un despilfarro debido a la infrautilización de los profesionales sanitarios. En este sentido, un 88% de los andaluces (8,64 de media) cree que se deberían contratar más enfermeras/os para atender mejor a los enfermos, en lugar de que la sanidad pública pague el servicio a las farmacias.